NOTICIA: Toncontín y las privatizaciones

A consecuencia del accidente ocurrido el viernes en el aeropuerto de Toncontín, Tegucigalpa, ha salido a luz un tema de crucial importancia: el riesgo de privatizar los servicios sin que al mismo tiempo se haga especial énfasis en la experiencia y la capacidad de quienes ganan licitaciones, a fin de evitar que esto ocurra por compadrazgo y demás formas de corrupción, con resultados muchas veces criminales.

Es cierto que no hay sistema ni propuesta perfecta y bien se ha argumentado, por académicos y analistas, que hay cierto tipo de servicios y funciones que no son esfera de acción del sector privado, ni deben ser privatizadas por los Estados, por la delicada y sensible responsabilidad que implica su supervisión, control, mantenimiento o garantía de la simple continuidad del servicio. El caso de los aeropuertos es uno.

A nadie escapa que el aeropuerto Toncontín es tal vez el más peligroso del continente. Desde hace tiempo, las autoridades aeronáuticas regionales, líneas aéreas y usuarios venían solicitando al gobierno hondureño que fuera trasladado de lugar, por las condiciones tan adversas que presenta para las aproximaciones finales de aterrizaje.

Pero la respuesta a estas peticiones ha sido negativa, por razones inexplicables o intereses inconfensables, sin que sea prioridad para ellos la seguridad de pasajeros y líneas aéreas. Ricardo Maduro, cuando fue presidente, tomó una decisión que detuvo las solicitudes de traslado, al privatizar el aeropuerto de Toncontín y entregarlo a un empresario hondureño sin experiencia alguna en la industria aeronáutica. Las autoridades actuales manifestaron por escrito su molestia a causa de las deficiencias que presentaban los trabajos de recapeo de la pista principal, y hasta le habían dado un plazo perentorio para cumplir sus obligaciones para el 30 de mayo, fecha en que ocurrió el accidente del A320 de TACA.

Es aquí donde entra el tema de la validez de las privatizaciones. Algunos de los servicios públicos no deben estar sujetos a los criterios de pérdidas y ganancias de una empresa privada, que por definición debe tratar de aumentar estas últimas.

Si a eso se agrega la absoluta inexperiencia en el tema, y la falta de responsabilidad empresarial que se colige de todo esto, las condiciones están colocadas para que ocurra un accidente similar al del viernes, que por milagro no le costó la vida a la totalidad de los pasajeros y a residentes en las áreas cercanas al aeropuerto.

Se justifican plenamente todas las medidas y gastos para salvaguardar la seguridad. Cuando se privatizan servicios como los propios de los aeropuertos, es indispensable que el control sea llevado por alguna entidad en la cual participen también las compañías aéreas.

La lección de esta tragedia debe ser aprendida por quienes formulan políticas públicas y por quienes defienden en las aulas universitarias la idea de privatizar todo lo que sea privatizable en un Estado. Privatización sin rigor, sin responsabilidad social, sin controles y regulaciones puede derivar en crímenes o tragedias como las de Toncontín. Nuestro pésame a los deudos, al pueblo hondureño y la línea aérea.